El desperdicio de alimentos es un desafío creciente que afecta al medio ambiente, la economía y la sociedad. En Europa, se calcula que cada persona desperdicia más de 130 kilos de comida al año, lo que supone millones de toneladas de recursos perdidos. Para frenar esta tendencia y cumplir los objetivos de sostenibilidad de la UE, España aprobó en 2025 la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
El marco europeo y español
La Unión Europea ha fijado como meta reducir a la mitad el desperdicio en la venta minorista y el consumo para 2030. En paralelo, impulsa normativas sobre envases sostenibles, reducción de plásticos y un etiquetado más claro de las fechas de consumo, con el fin de mejorar la gestión de recursos y evitar confusiones entre consumidores.
La nueva ley española sigue esta línea. Obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria (productores, distribuidores, supermercados, restaurantes y comercios) a disponer de un plan de prevención. Este debe incluir medidas de control y reducción de pérdidas, sistemas de seguimiento y una jerarquía de destinos para los alimentos no vendidos: primero consumo humano mediante donación, después alimentación animal y, en último lugar, reciclaje o compostaje.
Principales obligaciones y sanciones
Entre las novedades, destaca la exigencia a la hostelería de ofrecer envases reutilizables o reciclables para que los clientes puedan llevarse las sobras, y la necesidad de mejorar el etiquetado de fechas para diferenciar claramente entre “consumir antes de” y “consumir preferentemente antes de”.
Sanciones
- Multas que pueden alcanzar 500.000 € dependiendo de la gravedad y repetición del incumplimiento.
- Inspecciones y requerimientos legales: las autoridades pueden requerir planes, documentación, auditorías.
- Riesgo reputacional: la culpa pública por “tirar comida” puede afectar imagen con consumidores, clientes B2B e inversores
Un reto para el sector alime
Más allá de la presión normativa, esta ley representa una oportunidad para que las empresas alimentarias optimicen procesos, reduzcan costes y fortalezcan su imagen de sostenibilidad. La adopción de planes de prevención bien diseñados no solo permitirá cumplir con la legislación, sino también diferenciarse en un mercado donde la responsabilidad ambiental es cada vez más valorada por clientes e inversores.
